Desahucio por impago de alquiler: procedimiento, plazos y recuperación de la vivienda

El impago del alquiler coloca al propietario ante dos problemas distintos: dejar de percibir las rentas y no poder recuperar de inmediato la posesión del inmueble. Cuando los intentos de solución no funcionan, el desahucio por impago es el procedimiento judicial que permite solicitar la recuperación de la vivienda o local y, además, reclamar las cantidades pendientes.

No es necesario esperar varios meses de impago para poder reaccionar jurídicamente. El incumplimiento de la obligación de pago puede fundamentar la resolución del arrendamiento, aunque antes de iniciar el procedimiento resulta esencial revisar el contrato, las cantidades adeudadas y las actuaciones previas realizadas.

Además, las últimas reformas procesales han introducido cambios importantes. La negociación previa mediante un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC), las situaciones de vulnerabilidad y las reglas sobre el lanzamiento obligan a analizar cada procedimiento desde el principio con una estrategia adecuada.

¿Cuándo puede iniciarse un desahucio por impago?

La falta de pago de la renta o de otras cantidades que corresponda abonar al arrendatario puede justificar la resolución del contrato y el ejercicio de la acción de desahucio.

Conviene diferenciar desde el principio dos pretensiones que, aunque relacionadas, no son idénticas: recuperar la posesión del inmueble y cobrar la deuda.

La Ley de Enjuiciamiento Civil permite acumular a la acción de desahucio la reclamación de las rentas o cantidades vencidas y no pagadas. Esto permite que el propietario no tenga necesariamente que iniciar dos procedimientos independientes.

Antes de acudir al juzgado, sin embargo, será necesario determinar con precisión qué cantidades se adeudan y reunir la documentación que permita acreditar la relación arrendaticia y los incumplimientos producidos: contrato, justificantes de pagos anteriores, comunicaciones entre las partes y requerimientos efectuados, entre otros documentos.

Antes de presentar la demanda: requerimiento de pago y MASC

La reclamación judicial no debería comenzar directamente con la presentación de una demanda sin comprobar previamente qué actuaciones exige la legislación vigente.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la regla general en la jurisdicción civil es que, antes de presentar determinados procesos declarativos, debe haberse intentado previamente una actividad negociadora mediante alguno de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) previstos legalmente.

Los procedimientos de desahucio por falta de pago no aparecen actualmente entre las excepciones expresamente recogidas en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025. Por ello, con carácter general, debe prestarse especial atención al cumplimiento y acreditación de este requisito antes de presentar la demanda.

Esto no significa que propietario e inquilino tengan necesariamente que alcanzar un acuerdo. Lo que se exige es que exista un intento real de negociación en los términos previstos legalmente.

Una de las posibilidades es acudir a la conciliación privada, que permite estructurar ese intento de solución y dejar constancia documental de su resultado. Si existe margen para acordar el pago de las cantidades pendientes o una salida voluntaria del inmueble, puede evitarse el procedimiento judicial. Si no existe acuerdo, la documentación generada permitirá acreditar el intento negociador cuando sea necesario.

Es importante, además, no confundir automáticamente este intento de negociación con el requerimiento de pago que puede tener efectos sobre la posterior enervación del desahucio. La forma, el contenido y el momento de cada actuación deben analizarse conjuntamente.

contrato de alquiler

La demanda de desahucio por falta de pago

Cuando la vía negociada no permite solucionar el conflicto, puede iniciarse el procedimiento judicial.

El desahucio por falta de pago se tramita conforme a las especialidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y permite solicitar judicialmente que el arrendatario abandone el inmueble.

En la demanda deberá identificarse correctamente el contrato, el inmueble y el incumplimiento producido. Cuando también se reclamen rentas, habrá que determinar las cantidades adeudadas.

La reclamación puede comprender no solamente las cantidades vencidas en el momento de presentar la demanda, sino que la regulación procesal permite contemplar las rentas que continúen devengándose durante la tramitación en los términos legalmente previstos.

La preparación de esta fase es especialmente importante. Un error en las cantidades reclamadas, en las comunicaciones previas o en la documentación aportada puede generar incidencias que retrasen un procedimiento cuyo objetivo principal es recuperar la posesión del inmueble.

¿Qué ocurre después de presentar la demanda por impago?

Una vez admitida la demanda, el procedimiento entra en una fase especialmente relevante.

El arrendatario será requerido judicialmente y podrá adoptar diferentes posiciones: pagar las cantidades reclamadas cuando legalmente pueda producirse la enervación, abandonar el inmueble, formular oposición o no realizar ninguna de estas actuaciones.

Si existe oposición, el procedimiento continuará para que el tribunal resuelva la controversia.

Si, por el contrario, el demandado no comparece o no atiende el requerimiento en los términos legalmente establecidos, el procedimiento puede continuar hacia la terminación del arrendamiento y el lanzamiento.

El seguimiento de las comunicaciones judiciales resulta fundamental en esta fase. El desahucio está sometido a actuaciones procesales concatenadas y cualquier incidencia en una notificación, señalamiento o actuación relacionada con el lanzamiento puede repercutir en los tiempos del procedimiento.

Enervación: ¿puede el inquilino evitar el desahucio pagando?

Una de las particularidades más importantes del desahucio por falta de pago es la denominada enervación.

Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que, en determinados supuestos, el arrendatario ponga fin al procedimiento pagando la totalidad de las cantidades debidas y mantenga vigente el contrato.

Pero esta posibilidad tiene límites.

La enervación ordinaria no procede, entre otros supuestos, cuando el arrendatario ya hubiera enervado anteriormente otro desahucio —salvo determinadas excepciones imputables al arrendador— ni cuando el propietario hubiese realizado un requerimiento fehaciente de pago con al menos treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el arrendatario no hubiese pagado.

Por este motivo, el requerimiento previo no debe tratarse como una mera formalidad. Puede tener consecuencias directas sobre el posterior desarrollo del procedimiento.

Desahucio y situaciones de vulnerabilidad: una regulación en constante cambio

La situación de vulnerabilidad económica del arrendatario constituye uno de los aspectos más sensibles de los procedimientos de desahucio, especialmente por las sucesivas modificaciones legislativas que han afectado a esta materia.
 
El 2 de octubre de 2026, el Congreso de los Diputados acordó derogar los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, de 29 de septiembre, que incluían medidas relacionadas con la vivienda y los arrendamientos.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, introdujo una nueva regulación que contempla medidas específicas para determinados supuestos de vulnerabilidad económica, con posibles efectos sobre la tramitación del desahucio y el lanzamiento.
 
Este escenario demuestra la importancia de comprobar la normativa vigente en el momento de iniciar o continuar un procedimiento, así como las circunstancias concretas de las partes. No todas las situaciones de vulnerabilidad tienen las mismas consecuencias procesales. La aplicación de las medidas previstas legalmente exige verificar los requisitos correspondientes y las decisiones que adopte el órgano judicial.

Del desahucio al lanzamiento: cuándo se recupera realmente la vivienda

Una resolución favorable no significa necesariamente que el propietario haya recuperado materialmente el inmueble en ese mismo momento.

Cuando el arrendatario no desaloja voluntariamente la finca y concurren los presupuestos legales, debe producirse el lanzamiento, es decir, la actuación mediante la cual se hace efectiva la recuperación de la posesión.

La correcta coordinación de esta fase resulta especialmente importante. Deben controlarse el señalamiento, las comunicaciones procesales y cualquier incidencia que pueda afectar a la ejecución efectiva del lanzamiento.

Es precisamente aquí donde se aprecia con claridad que el desahucio no consiste únicamente en «presentar una demanda». Existe una sucesión de actuaciones procesales que debe mantenerse bajo seguimiento hasta que la posesión haya sido efectivamente recuperada.

entrega de llaves vivienda desahucio

¿Qué pasa con las rentas que siguen sin pagarse?

Recuperar el inmueble no significa necesariamente haber recuperado también el dinero.

Puede suceder que, después del lanzamiento, continúen pendientes las rentas reclamadas, suministros u otras cantidades que legalmente correspondan al arrendatario.

Si existe un título ejecutivo que reconoce esas cantidades y el obligado no paga voluntariamente, podrá instarse la correspondiente ejecución en los términos previstos por la legislación procesal.

En esa fase pueden solicitarse medidas dirigidas a localizar patrimonio susceptible de ejecución y, cuando proceda, embargar bienes o derechos del deudor dentro de los límites establecidos legalmente.

Por tanto, un procedimiento de desahucio puede tener dos resultados que se producen en momentos diferentes: recuperar el inmueble y conseguir el cobro efectivo de la deuda.

El papel del procurador y las claves prácticas del desahucio por impago

En los procedimientos de desahucio, la intervención de abogado y procurador se rige por las reglas de postulación establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La función del procurador, sin embargo, no debe entenderse como una mera transmisión de documentos entre el abogado y el juzgado.

Su intervención permite realizar un seguimiento continuado del expediente, recibir y controlar las comunicaciones procesales, coordinar actuaciones con el abogado, comprobar señalamientos y mantener bajo supervisión fases especialmente sensibles como el lanzamiento y, posteriormente, la ejecución de las cantidades pendientes.

En la práctica, uno de los principales errores al afrontar un desahucio consiste en centrarse únicamente en presentar la demanda. Antes hay que revisar el contrato y los impagos, valorar correctamente el requerimiento previo y el MASC; durante el procedimiento, controlar notificaciones, posibles oposiciones y situaciones de vulnerabilidad; y, después de obtener una resolución favorable, seguir el lanzamiento y, cuando proceda, la ejecución dineraria.

Tampoco existe una respuesta universal a la pregunta de cuánto tarda un desahucio por impago. La duración dependerá, entre otros factores, de la carga del órgano judicial, de si existe oposición, de las dificultades para practicar las comunicaciones y de las incidencias que puedan aparecer durante el procedimiento.

La experiencia práctica, como la nuestra, así como el conocimiento del funcionamiento de los órganos judiciales adquieren, por ello, especial importancia.

Un desahucio por impago persigue resolver una situación muy concreta: recuperar la posesión de un inmueble cuyo arrendamiento se está incumpliendo y, cuando corresponda, reclamar las cantidades pendientes. Pero hacerlo correctamente exige atender tanto a las actuaciones previas como al procedimiento judicial y a su eventual ejecución.

Abordar desde el principio todas esas fases con criterio procesal permite reducir incidencias y comprender qué actuación corresponde en cada momento.

¿Necesitáis iniciar o gestionar un procedimiento de desahucio por impago en la provincia de A Coruña? Podéis consultar nuestra página de servicios o contactar con SG Procuradores para coordinar la representación procesal del procedimiento. Cuando resulte necesario realizar una negociación previa, también podéis consultar nuestro servicio de conciliación privada y MASC.

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