Para empresas y autónomos en la comunidad, las subastas judiciales de furgonetas en Galicia ofrecen una oportunidad eficaz para adquirir vehículos y ampliar la flota sin disparar costes.
En numerosos procedimientos legales, como es sabido, el juez ordena la venta en subasta de determinados bienes para satisfacer deudas pendientes, y entre esos bienes están con frecuencia los vehículos.
Aunque se trate de una oportunidad para hacerse con alguno de ellos a buen precio, la puja y los trámites que conforman el proceso no son sencillos ni están exentos de riesgos. Es esencial conocer a fondo el funcionamiento y los mecanismos peculiares de estas subastas para saber identificar los obstáculos y aprovechar las ventajas del sistema. Y, como veremos, la decisión más razonable casi siempre es dejar la tarea en manos de un profesional.
Subastas judiciales de furgonetas y vehículos: qué puede salir mal al ampliar tu flota
La posibilidad de adquirir en este tipo de pujas automóviles, furgonetas y camiones a un coste menor que el de mercado es real, y puede significar un ahorro importante. Pero sería un error pretender descubrir gangas: eso difícilmente va a ocurrir en un medio frecuentado por profesionales a la busca de condiciones y márgenes favorables. Por tanto, lo primero que hay que evitar son las expectativas poco realistas.
Veremos ahora qué dificultades y potenciales problemas se van a presentar después de que nos registremos en el portal correspondiente y consignemos el depósito para participar en la puja:
Es común, en primer lugar, que las subastas de vehículos se realicen por lotes. Eso puede facilitar un precio ventajoso si nos interesa formar o reforzar una flota de empresa, pero exige una inversión fuerte. Las buenas oportunidades para comprar un único coche pueden ser más escasas.
En la publicación de la subasta, el portal debe incluir la descripción del vehículo y las cargas que le afecten según los datos del Registro de Bienes Muebles o la DGT. Pero esa información puede ser inexacta o imprecisa, por lo que se hace necesario investigar a fondo el estado legal del coche: es posible que existan multas u otras cargas pendientes asociadas al automóvil que nos tocará pagar si finalmente ganamos la puja.
El conocimiento del estado real de los vehículos está limitado a lo que pueda revelar una simple inspección visual: no es posible probarlos ni verificar su grado de mantenimiento, pues las subastas judiciales resultan, en este aspecto, mucho más restrictivas que las privadas. Y tampoco ofrecen garantía alguna. No es improbable que, si ganamos la puja, debamos afrontar gastos para arreglar desperfectos no recogidos en la descripción.
Aunque no se dé el caso anterior, el gasto final siempre será mayor que el precio de adjudicación, pues a éste hay que sumar tasas de Tráfico, impuestos (IVA o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), posibles comisiones si se ha empleado una plataforma privada y costes de transporte y depósito.
Puede ocurrir, en fin, que la documentación del vehículo no esté disponible. Aunque el decreto de adjudicación emitido por el juez tiene validez como título de propiedad y permite solicitar duplicados de los documentos en la DGT, se trata de posibles trámites que añadir al proceso de adquisición. Sin olvidar que los plazos de pago deberán cumplirse estrictamente y que nos tocará aportar toda la documentación necesaria para la transferencia.
Por qué es muy aconsejable contar con la ayuda de un procurador
Hablamos, por tanto, de un proceso rígido en el que se debe lidiar con información limitada, documentación frecuentemente incompleta, garantías mínimas y elevada probabilidad de sorpresas si no se extrema el cuidado, además de la siempre farragosa burocracia judicial.
Cualquier persona inexperta que pretenda pujar en un procedimiento de subastas judiciales de vehículos asume riesgos serios
A la vista de ello, resulta evidente que cualquier persona inexperta que pretenda pujar en un procedimiento de subastas judiciales de vehículos asume riesgos serios y puede caer, fácilmente, en errores y despistes que derivarán en complicaciones severas y posibles pérdidas económicas.
La presencia de un procurador cambia ese incierto y peligroso escenario por un camino seguro y perfectamente transitable.
El profesional se personará en la ejecución, controlará plazos y comunicaciones con el letrado de la Administración de Justicia, gestionará el depósito y la puja electrónica y se encargará de realizar la due diligence jurídica (informe de la DGT, comprobación en el Registro de Bienes Muebles y verificación del estado del vehículo en relación con IVTM, cargas y precintos).
Hará una estimación de los costes reales teniendo en cuenta impuestos, tasas de Tráfico, depósito y transporte; y se ocupará, una vez concluida la puja, del certificado de adjudicación, el cambio de titularidad en la DGT, el levantamiento de precintos y la obtención de la documentación adecuada para circular. A ello hay que sumar la coordinación de peritaje y logística y la traducción de datos a fechas y flujo de caja, algo esencial para pymes y autónomos.
Son, precisamente, pymes y autónomos quienes más pueden acusar que la compra de flota de empresa se acabe convirtiendo en un problema; y quienes, por tanto, más se beneficiarán de la seguridad y la eficiencia que aporta la figura del procurador.
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