Subastas judiciales en Galicia: cómo aprovechar una oportunidad con todas las garantías

En los últimos años, las subastas judiciales en Galicia se han consolidado como un auténtico escaparate de oportunidades: cientos de viviendas, fincas y vehículos salen a puja con descuentos que superan el 30% del valor de mercado. El portal electrónico del BOE aporta transparencia y seguridad, pero evitar cargas ocultas, ocupaciones o plazos estrictos exige el acompañamiento de un profesional experto.

Qué es una subasta judicial y por qué puede interesarte

Una subasta judicial es un procedimiento legal que consiste en la venta pública de bienes embargados o hipotecados para que el deudor demandado obtenga dinero con el que pagar sus deudas. En este post nos detendremos particularmente en las subastas judiciales en Galicia.

Las subastas se constituyen, así, en procedimientos de ejecución contra el patrimonio del deudor regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Deben, en cualquier caso, estar ordenadas por un fallo judicial, y pueden tener por objeto tanto inmuebles como muebles, además de bienes de diversa naturaleza (acciones, joyas, obras de arte…) que tengan valor económico y estén sujetos a embargo o hipoteca.

Desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de Reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, las subastas se realizan a través del Portal de subastas del Boletín Oficial del Estado, de acceso público.

La ventaja más atractiva que ofrece el procedimiento, además de su seguridad y transparencia, es la posibilidad de adquirir determinados bienes a un precio inferior al de mercado. También las oportunidades de inversión en inmuebles o muebles con buenas perspectivas de revalorización a medio o largo plazo.

¿Qué se subasta más en Galicia?

A Coruña y Vigo concentran la mayor parte de la actividad al respecto

Subastas judiciales en Galicia coches
Los vehículos suponen casi un 40% de las subastas en Lugo

Los datos de subastas finalizadas en territorio gallego desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015 revelan el predominio de tres grandes tipos de bienes: viviendas (casas, pisos y chalets), vehículos (turismos, motos y camiones) y fincas rústicas. A mediados del mes de julio de 2025, los expedientes de viviendas cerrados eran más de 7100, los de fincas casi 3000, y los de vehículos superaban ligeramente la cantidad de 1300.

Se observa que las subastas judiciales en Galicia presentan diferencias significativas entre provincias: las grandes áreas de A Coruña y Vigo concentran la mayor parte de la actividad al respecto, mientras que Lugo y Ourense son mercados más pequeños con tendencias específicas: los vehículos suponen casi un 40% del total en el caso lucense, y las fincas rústicas dominan, con un 60%, los expedientes concluidos en tierras orensanas.

Subastas en A Coruña, Santiago y otros partidos judiciales de la provincia

Prácticamente la mitad de las subastas judiciales en Galicia corresponden a la provincia de A Coruña. Acudiendo de nuevo a los datos, el partido judicial de la capital acumula más de 400 expedientes finalizados relativos a viviendas, y las pujas en inmuebles urbanos suelen moverse entre el 30 y el 60% del valor de tasación, aunque también se han dado excepcionalmente remates por debajo del 10 %.

Ferrol alcanza las 225 subastas de ese tipo de bienes, mientras que Santiago supera el centenar. Muchas de ellas son pequeñas viviendas heredadas o activos procedentes de concursos. También relevantes son las cifras de lugares como Arteixo, Ares, Carballo, Betanzos o Ribeira.

El procurador se ocupa entonces de comprobar las cargas hipotecarias y de comunidad, asumir la representación en la puja electrónica y tramitar la adjudicación y la inscripción.

Casos habituales para los procuradores gallegos

Hay ciertos supuestos relacionados con las subastas judiciales en Galicia que llegan a los procuradores con particular frecuencia.

Es el caso de la compra de una vivienda como inversión, aprovechando que en tales circunstancias el precio se reduce, por término medio, un 35% sobre el de mercado. El procurador se ocupa entonces de comprobar las cargas hipotecarias y de comunidad, asumir la representación en la puja electrónica y tramitar la adjudicación y la inscripción.

El precio puede ser incluso inferior a la mitad del valor de mercado cuando se trata de lotes de vehículos (furgonetas y camiones) procedentes de empresas. En estas adquisiciones, el profesional se encargará de gestionar el depósito, el traslado y el cambio de titularidad en Tráfico.

También resultan comunes aquellos supuestos de herencias con múltiples coherederos o ejecuciones por deudas fiscales en que se pretende recuperar una propiedad familiar. El procurador será quien solicite la subasta o puje por el lote completo para unificar la titularidad.

Un último caso habitual, éste en relación con fincas rústicas y montes vecinales, es la regularización de lindes o la ampliación de explotaciones agrarias. Al procurador corresponderá comprobar la situación catastral y, de ser necesario, coordinarse con el notario para la posterior inmatriculación.

¿Qué riesgos existen si no conoces el proceso?

Pujar en una subasta judicial sin conocimiento suficiente del procedimiento comporta ciertos riesgos que un procurador especializado sabrá evitar.

Frente a posibles cargas ocultas de un inmueble como hipotecas preferentes, afecciones fiscales o servidumbres no canceladas, el profesional recurrirá a la revisión del Registro y la obtención de una certificación de cargas antes de pujar. Otro posible problema es la ocupación o la falta de posesión: si hay inquilinos en el inmueble, o antiguos propietarios reticentes, habrá que preparar un lanzamiento o negociar el alquiler.

Contar con un procurador especializado de SG Procuradores evitará sorpresas desagradables en torno a estos y otros aspectos.

También pueden existir tasaciones de inmuebles desfasadas que distorsionen el valor del depósito (5 %) que debe constituir el licitador. Y es preciso, además, considerar los costes post-adjudicación (ITP, plusvalía municipal, honorarios de la notaría o el registro) y tener en cuenta el plazo estricto de diez días hábiles para bienes muebles –20 días para bienes inmuebles– que el mejor postor consigne el precio restante, pues su incumplimiento supondrá la pérdida de la fianza.

Contar con un procurador especializado de SG Procuradores evitará sorpresas desagradables en torno a estos y otros aspectos. Se ocupará de representarte en la puja, calcular el depósito exacto, revisar las cargas, obtener la adjudicación en el juzgado y gestionar la inscripción «llave en mano».

Contacta desde aquí con nosotros para informarte sobre las subastas judiciales en Galicia.

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